Una
de las estrategias que dice tener el gobierno para alcanzar el mentado
“cambio de matriz productiva” es la enorme inversión en infraestructura,
sobre todo en relación a la red vial, hidroeléctricas y refinerías, que
según señalan, permiten conectar pueblos y ciudades pequeñas que antes
habían sido abandonadas por los gobiernos de turno, así como generar
fuentes de energía que posibiliten un salto cualitativo en el tipo de
economía nacional. De esta forma, dicen los defensores de la Revolución
Ciudadana, las carreteras se van constituyendo en las vías del “Buen
Vivir”. En este artículo conoceremos, a groso modo, las principales
empresas ecuatorianas y transnacionales que se encuentran beneficiadas
por el enorme gasto en obras de infraestructura del gobierno de Correa.
Situación global de la construcción
La
participación del Estado en los últimos años en el sector de la
construcción, específicamente en lo referente a la obra pública, ha
elevado los ingresos de las constructoras que mayores contratos han
logrado firmar con el Gobierno. Según el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas para inicios del 2012 el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército tuvo contratos por alrededor de 360 millones; Herdoíza Crespo
Construcciones de 260 millones; Verdú de 213 millones; Hidalgo e Hidalgo
por 189 millones; Fopeca por 177 millones; Consermín por 116 millones y
Equitesa por 99 millones.
De 2007 hasta 2011, el gobierno del
Ecuador invirtió un total de 3.716 millones. Los datos proporcionados
en 2012 por María de los Ángeles Duarte, titular de la Cartera de
Transporte y Obras Públicas, mencionan que el plan vial iniciado desde
2007 y empujado a partir de un plan emergente concluiría en 2013, y
prevé una inversión que bordea los 5.000 millones. Mientras para el 2013
el gobierno ecuatoriano marcó un presupuesto de 32.366 millones de
dólares, se destinará unos 3.986 millones para la construcción de
puentes, vías y carreteras.
Principales empresas constructoras ecuatorianas
Hidalgo e Hidalgo
Según
el ranking de las mayores empresas presentado por la Revista Vistazo en
2013, Hidalgo e Hidalgo se ubica en el puesto número 44, con ingresos
de 262 millones de dólares. Esta empresa cuenta con prácticamente cuatro
mil trabajadores y ha sido una de las principales beneficiarias de la
inyección de capitales para la infraestructura, sobre todo en torno a
vialidad a lo largo del país. Por ejemplo en 2008 obtuvo el contrato de
la construcción de la vía Santo Domingo-Quevedo-Babahoyo-Jujan.
Panavial
Panavial
incluye al Grupo Herdoíza Guerrero, holding que abarca varias empresas
dedicadas a la construcción de obras civiles de infraestructura,
concesión, mantenimiento y señalización vial. Según el ranking de las
mayores empresas presentado por la Revista Vistazo en 2013, Panavial se
ubica en el puesto número 56, con ingresos de 220 millones de dólares
para el año 2012. Entre sus obras están la carretera Jambelí-Latacunga.
Herdoiza Crespo
Por su parte Herdoiza Crespo se ubica en el puesto número 76, con ingresos de 177 millones en el 2012.
Las
antes descritas son las empresas nacionales más grandes de la
construcción y que se han visto beneficiadas en los contratos. A estas
hay que sumar otras de menor envergadura como Fopeca, Técnica General de
Construcciones, entre otras. Las Escuelas del Milenio, Centros de
Desarrollo Comunitario, Unidades de Policía Comunitaria son obras que
van desde 1 a 5 millones de dólares, es decir construcciones pequeñas y
medianas y son otorgadas a empresas constructoras de mediano tamaño,
aunque también a las empresas nacionales como Hidalgo e Hidalgo y
Herdoiza Crespo.
Principales empresas extranjeras
Si
bien empresas como Herdoiza Crespo, Hidalgo Hidalgo y Panavial han
obtenido jugosos contratos por parte del Estado, las obras más grandes y
más rentables han sido encargadas a empresas extranjeras, como
constataremos a continuación.
Quiport y el Aeropuerto de Quito
La
construcción y administración del nuevo aeropuerto de Quito está a
cargo de la Corporación Quiport, después de una serie de jugarretas en
las que sin concurso público alguno el contrato les fue entregado a
dedo. Uno de los socios de Quiport es Sandra Reed Serrano, quien
“casualmente” también es socia y representante de las compañías
constructoras que trabajan para Quiport, es decir, Aecon Construction
Group, una de las constructoras canadienses más grandes del mundo y la
Constructora Andrade Gutiérrez, una gran multinacional brasileña de la
construcción. Corporación Quiport S.A. es una empresa privada formada
por un consorcio de compañías canadienses, estadounidenses y brasileñas.
Quiport
operará el nuevo aeropuerto hasta el año 2040, reservándose el derecho
de recoger un jugoso 80% de los ingresos generados por sus operaciones.
Para ello, invirtieron previamente 724 millones de dólares. Aecon es
propietario del 45,5% del nuevo aeropuerto mientras que Andrade
Gutiérrez Constructores posee el 48% del mismo. Así es como una de las
“grandes obras” de la Revolución Ciudadana, es haber privatizado el
aeropuerto de Quito, sin que, casi nadie, diga algo al respecto más allá
de quejarse elevado costo de la comida.
¿Se le acabó la fiesta a Odebrecht?
“Se
le acabó la fiesta en Ecuador”, decía en octubre de 2008 Correa a
propósito de la expulsión de la empresa Odebrecht, sin embargo la
historia no terminaría ahí. Demos un vistazo a esta novelesca historia
de negocios, aunque más parece de amor, y que grafica claramente la
demagogia y “doble moral” con que se manejan los negocios de la
construcción en nuestro país.
La construcción de la Central
Hidroeléctrica San Francisco le fue adjudicada a ésta empresa en marzo
de 2000. La planta se ubica en el cantón Baños, provincia de Tungurahua,
debajo de la Central Hidroeléctrica Agoyán. El proyecto demandó una
inversión de 317 millones. En junio de 2007, el propio presidente,
encendió la segunda turbina para la generación hidroeléctrica,
declarando inaugurada la obra, pero a escasos siete meses la planta
suspendió sus operaciones, debido a severas fallas en las obras civiles y
electromecánicas. Odebrecht no pudo solucionar los problemas, por lo
que ocho meses después el Gobierno enfrentó públicamente a la firma
calificando como “una estafa” a la obra. El Presidente enfatizó que “no
aceptaremos que ninguna de estas empresas internacionales vengan a
burlarse del país”.
La crisis se agudizó cuando el Gobierno
decidió llevar a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional de París su desconocimiento del crédito por 286,8
millones de dólares, concedido por el estatal banco Bndes a Odebrecht
para la construcción del proyecto. En respuesta, el Gobierno del Brasil
decidió “congelar” todos los proyectos de cooperación bilateral.
En
julio de 2010, el Gobierno y Odebrecht arribaron a un “convenio de
reparación” que contempló arreglos en el túnel de conducción, de la
chimenea, de las válvulas del bypass, el cambio del SEA, la entrega de
dos rodetes de reserva y una compensación económica de 20 millones de
dólares. Las reparaciones se cumplieron, los rodetes fueron traídos de
Italia, pero las autoridades no han informado sobre el costo de los
nuevos trabajos y si fue pagada la compensación solicitada.
Lo
sorprendente de ese acuerdo ha sido las condiciones impuestas por
Odebrecht y peor aún, aceptadas por el Gobierno. En todos los juicios
que estaban en curso en la justicia, tanto el de daños como el de las
presunciones penales, el Estado se comprometía a eliminarlos, sin que
ninguna ley le permita estos acuerdos. En resumen, los supuestos delitos
cometidos en los cambios de las condiciones del contrato, en perjuicio
al Estado, las glosas impuestas por Contraloría, se eliminaban a favor
de Odebrecht. Hasta se aceptó cláusula de arbitraje internacional en
Chile para cualquier discrepancia en el “acuerdo”, contrariando la
expresa disposición constitucional. Y para completar esta “novela de
amor y dinero”, en septiembre del mismo año, la Contraloría ‘desvaneció’
las ocho glosas por 77.7 millones de dólares que había establecido
contra la constructora.
Finalmente en el 2011 Odebrecht
retornó a la lista de empresas elegibles de contratación y nuevamente
obtuvo varios contratos por varias decenas de millones de dólares, sin
licitación pública abierta, como es el caso del primer tramo de la Ruta
VIVA en las afueras de Quito.
En julio de 2012, Odebrecht se
adicionó el contrato de preparación del área (rellenos) para la
construcción de la Refinería del Pacífico, a un costo de 229,9 millones
de dólares. Casualmente la oferta hecha por la multinacional brasileña
era la más costosa. Así también se le entregó la construcción del
proyecto hidroeléctrico Manduriacu por 124 millones.
Desde el
2011 hasta octubre de 2013 la brasileña suma siete obras de
infraestructura eléctrica, vial y petrolera por 1.085 millones. Este
monto equivale al 10% del total de contrataciones de obras, bienes y
servicios que realizó el Estado a través del portal de Compras Públicas
durante el 2012. ¡Vaya que se le acabó la fiesta a esta empresa!
Fundada
en 1945, Odebrecht es una transnacional brasileña que participa en la
construcción de proyectos termoeléctricos e hidráulicos, centrales
nucleares, siderúrgicas, refinerías, centrales petroquímicas, etc., una
de cuyas filiales, Odebrecht América Latina e Angola, tiene más de 53
contratos, en los que trabajan 33.000 obreros en Angola, Argentina,
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana
principalmente.
La cereza del pastel: los chinos financian y son contratados
Una
investigación de la periodista Rosa Torres Gorostiza de diario Expreso
afirma que de los 24 contratos estatales más grandes de obras y
servicios están en manos de quince compañías, por 5.270 millones. Llama
la atención como estas empresas fueron creadas meses antes de que se les
adjudiquen los contratos, a pesar de que entre los principales factores
de calificación debe contar la experiencia y catalogo de obras
realizadas.
Durante el 2002 se registraron las primeras tres
sucursales de empresas chinas (ZTE Corporación, Huawei y Sinopec) en el
país. Diez años después, la cantidad de esas filiales está cerca de
llegar a sesenta y la mayoría tiene contratos millonarios con las
compañías estatales, en áreas como hidrocarburos, energía, minas,
puentes, control de inundaciones y provisión de servicios. Otras
empresas, inscritas en los últimos cuatro años en el Registro Mercantil
(ya sea como filiales o compañías ecuatorianas, pero con capitales
extranjeros) son proveedoras de servicios y equipos de las que
construyen los grandes proyectos. En total 24 contratos, por 5.270
millones dólares, fueron entregados a 15 empresas chinas, que se
domiciliaron en el país uno o dos meses antes de la firma de los
contratos.
La Cámara de Comercio Ecuatoriano-China tiene
registradas 42 empresas con capitales del gigante asiático. La
Superintendencia de Compañías reporta la inscripción de 29 sucursales
chinas, cifra que no incluye a las que están clasificadas como empresas
ecuatorianas, pero son filiales de corporaciones registradas en Estados
Unidos, Canadá y otros países, que han sido adquiridas por
transnacionales de China. Entre unas y otras, afirma Rosa Torres
Gorostiza, se han contabilizado un total de 56 compañías con capitales
chinos que realizan actividades en Ecuador. De las últimas 16 sucursales
que se inscribieron, siete lo hicieron en el 2011 y nueve en el 2012. A
pesar de los millonarios contratos que han firmado, son pocas las
empresas que declararon el Impuesto a la Renta.
Guangxi Road & Bridge Engineering Corporation
Registrada
en enero de 2008. En 2009 firmó un contrato, por 102 millones con el
Ministerio de Transporte para la construcción del Cuarto Puente que
terminó de edificarse en 2011. En el SRI no registra pago de Impuesto a
la Renta.
China Road and Bridge Corporation
Registrada
en noviembre de 2011. Firmó contratos con el Ministerio de Transporte,
por 55 millones para varios trabajos, entre ellos la vía Pifo-Papallacta
y el anillo vial en Santo Domingo de los Tsáchilas.
China International Water & Electric Corp
Registrada
en el 2010. Construye, por 123 millones, el proyecto Toachi Pilaton.
Senagua le adjudicó dos contratos por 366 millones para megaproyectos de
control de inundaciones en las cuencas de los ríos Naranjaly Cañar.
China Gezhouba Group Company Limited
Registrada
en 2010. Ejecuta el proyecto Sopladora (Azuay) por 672 millones.
Senagua la contrató en 2012 para rehabilitar el túnel Cerro Azul, que
forma parte del sistema Daule Peripa. El contrato se firmó por 16
millones.
China National Electric Engineering Co.
Registrada
el 30 de agosto de 2011. Tiene a su cargo la construcción de dos
proyectos hidroeléctricos por un monto total de 125 millones.
China Hidroelectricidad Ingeniería Consultorio Co.
Registrada
en septiembre de 2011. Construye el proyecto hidroeléctrico
Delsitanisagua, ubicado en Zamora Chinchipe, por un costo de 215
millones de dólares En octubre de 2011 firmó el contrato.
China Tiesiju Civil Engineering Group Compañía Limitada
Registrada
el 12 de enero de 2009. La Secretaría del Agua le adjudicó el proyecto
Multipropósito Chone, en abril de 2010, que está en ejecución. El
contrato es por 46 millones de dólares.
Xinjiang Goldwind Science
Fue
registrada el 15 de septiembre de 2011. Construyó el proyecto eólico
Villonaco, que se inició en agosto de ese año, a un costo de 44
millones.
Synohidro Corporation
Registrada
en julio de 2009. Construye Coca Codo Sinclair, la mayor central
hidroeléctrica que tendrá el país, ubicada entre Napo y Sucumbíos por un
monto de casi 2.000 millones de dólares.
Harbin Electric International Co. Ltd.
Registrada
en agosto de 2011. Implementa la central térmica Esmeraldas II, de 96
MW, por más de 100 millones de dólares. También ejecuta la construcción
de la central hidroeléctrica Minas San Francisco entre Azuay y El Oro,
por 506 millones de dólares.
China Camc Engineering
En
conjunto con la empresa National Electronics Import and Export
Corporation (CEIC) edifica el Sistema Nacional de Comando y Control de
la Seguridad Ciudadana-ECU911 por un costo de 240 millones de dólares.
Pero, ¿de dónde sale el dinero?
El
ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, en
julio de 2013 explicó a la Comisión de Régimen Económico del
Legislativo que el financiamiento chino para cubrir el déficit
presupuestario, que incluyendo amortizaciones, alcanza los 6.254
millones.
Los funcionarios dijeron que se debe tomar en
cuenta dos aspectos cuando se trata de recibir fondos de afuera. El
primero es que si bien los organismos multilaterales, sobre todo
norteamericanos y europeos, pueden presentar tasas de interés menores a
las chinas, estos solo pueden entregar unos 1.000 millones, de los
cuales realmente se reciben entre 300 y 400 millones, pues la diferencia
queda amortizada. Con ello el ingreso de fondos se limita. Lo que
resulta insuficiente para la ejecución de grandes proyectos.
De
ahí parte el segundo punto de análisis, que trata sobre la oportunidad
de la construcción de proyectos, como por ejemplo Coca Codo Sinclair,
financiado por China. Por eso, de acuerdo al análisis ministerial, sería
una locura perder puntos porcentuales de ganancia por oportunidad, por
ahorrar unos cuantos puntos en tasas con los organismos multilaterales,
tomando en cuenta que con China el interés promedio está entre el 6% y
7%.
Pero lo que no dice el gobierno es que a cambio de estos
enormes prestamos con un elevado interés, China recibe la mayor parte de
las mega-construcciones que se están desarrollando en el país. Es
decir, China es el país que pone el dinero pero que recibe nuevamente
esos fondos para poner en marcha los contratos. ¡Qué negocio tan jugoso
es para China tener un gobierno títere como el de la Revolución
Ciudadana!
Las 4 nuevas universidades
Yooshin
Engineering Corporation, Cheong Hea Engineering y IFEZ son las empresas
surcoreanas encargadas de la construcción de Yachay, la Ciudad del
Conocimiento; la Universidad de las Artes está siendo construida por la
Constructora Adokasa; la Universidad de las Ciencias Docentes e Ikiam,
Universidad Amazónica especializada en Ciencias de la Vida por otras
constructoras. Para la construcción y financiamiento de estos centros
superiores se destinarán 1.100 millones entre el 2013 y el 2017, que
serán financiados principalmente con capital surcoreano. Al igual que en
el caso chino, el país asiático pone el dinero y también recibe los
contratos de construcción.
Los otros beneficiados: proveedores de materias primas
Dentro
del grupo de las empresas beneficiadas de esta política están también
las productoras y comercializadoras de materias primas para la
construcción. Aquí podríamos anotar a tres grandes empresas extranjeras.
Holcim
es una empresa suiza, productora de cementos y áridos (piedra caliza,
arena y grava) así como otros materiales como hormigón premezclado y
combustibles alternativos. El grupo tiene acciones en más de 70 países
en todos los continentes. Actualmente es la cementera más grande del
mundo, seguida de Lafarge y de CEMEX. El Grupo ha adquirido
participaciones en otras empresas, ampliando su base a más de 50 países,
por ejemplo Cementos Polpaico, en Chile y Holcim Apasco en México. Esta
empresa consta como la décima empresa más grande en Ecuador según el
Ranking de la Revista Vistazo, con ingresos de 500 millones en el 2012.
Actualmente es demandada por más de 1000 ex trabajadores por pago de
liquidaciones. Dentro de este mismo grupo consta Construmercado, empresa
que es encargada de comercializar la producción de Holcim y es
subsidiaria de la empresa suiza. Se ubica en el puesto número 13, con
ingresos de 480 millones.
La tercera empresa es Lafargue, una
compañía de materiales de construcción de origen francés especializada
en cuatro productos principales: cemento, hormigón, áridos y yeso.
Cuenta con 78.000 empleados en 78 países. Se ubica en el puesto 86, con
ingresos de 170 millones en Ecuador.
Conclusiones
Una
de las principales banderas de campaña del gobierno ecuatoriano ha sido
la obra vial que se ha construido a lo largo del país y que se ha
convertido en una especie de fetiche para un importante segmento de la
población. Aunque la mayor parte de la gente no tenga el suficiente
dinero para viajar de una región a otra –ni siquiera en feriados, a
excepción de la pequeña burguesía-, como producto de la propaganda
gubernamental la gente repite incesantemente lo bien que se encuentran
las vías y lo bien que le hacen al desarrollo nacional. Algo parecido
ocurre con los pequeños productores agrícolas y agropecuarios, en donde
los caminos vecinales y secundarios siguen abandonados y si es que
existen avances es porque benefician a sectores comerciales e
intermediarios poderosos que necesitan de más y mejores vías de acceso.
Para
comprender un poco esto habría echar un vistazo a la historia y ver
cómo el ferrocarril construido en la Revolución Liberal pasaba
precisamente por las entradas de las haciendas. Su ruta fue elaborada
meticulosamente para servir a los intereses de los grandes hacendatarios
de la costa y terratenientes de la sierra, y de ninguna manera este
medio de transporte tuvo la función de conectar las poblaciones
indígenas y pueblos de aquella época. Algo parecido ocurre en la
actualidad.
La promesa de cambio encuentra un buen señuelo en
la obra pública que es vista como una puerta de entrada al progreso. Lo
que no ve la gente es que este gobierno ha puesto en marcha el gasto en
obras de infraestructura principalmente por dos razones: a) para dotar
de infraestructura necesaria para la explotación de los recursos
naturales y minerales del país; y b) porque representa los intereses de
la burguesía de la construcción. A esta realidad concreta se suma el
“Efecto rebote”, es decir que aquello que ocurre para beneficiar a los
grupos económicos anteriormente nombrados, de “rebote” genera ciertos
beneficios para la gente.
La mayor parte de vías, carreteras y
caminos construidos pasan cerca de haciendas, sectores
agro-industriales y unidades productivas para facilitar la
transportación de sus mercancías. Lo mismo ocurre en el caso de las
zonas en donde actualmente hay explotación petrolera (región amazónica
norte) y las provincias australes y oriente sur del país en donde se
implantaran los grandes megaproyectos mineros. A esto podríamos añadir
el caso de la vía Manta-Manaos que servirá para conectar a China con
Brasil. En definitiva, la construcción de estas vías de comunicación
obedece a los intereses y requerimientos de las empresas imperialistas.
Tras bastidores es sabido que las transnacionales y multinacionales
ponen una serie de peticiones para “invertir” sus capitales en un país
dominado, a una legislación laboral débil y normas ambientales ambiguas,
se suma la necesidad de contar con buenas vías de comunicación que les
ayuden a acortar el tiempo de transportación de las materias primas
extraídas del territorio ecuatoriano.
A todo esto debemos
añadir que el estado está funcionando palanca de inyección de capitales
para dinamizar la economía y beneficiar a las empresas encargadas de la
construcción. De hecho tiene mecanismos para mejorar los negocios de
estas empresas tales como los “reajustes”, trampas corruptas que elevan
los beneficios de estos grupos. Es así como a pesar de que para toda
obra de construcción primero se debe hacer un estudio previo para
definir el costo fijo del contrato, entre 2007 y 2010 el monto inicial
de gasto en 87 obras viales era de 1.566 millones, con los “ajustes” la
cifra ascendió a 1.855 millones. Es decir, no solo que los contratos
son otorgados a dedo, que son diseñados para enriquecer a sus dueños,
que sirven a importantes miembros del Estado, sino que se sirven de
mecanismo ilegales para maximizar sus ganancias.
Finalmente,
habría que anotar que los contratos de construcción más grandes están en
manos de empresas chinas, brasileñas y europeas. Las empresas
constructoras ecuatorianas se encargan de las obras de mediano tamaño,
mientras las obras de construcción pequeñas son encargadas a empresas
medianas que forman parte de una larga lista de empresas constructoras. A
esto hay que sumar la enorme corrupción y negociados como un componente
fundamental. Son varios los casos de corrupción que han podido salir a
la luz. Entre las personas relacionadas con la construcción es sabido
que para poder acceder a un contrato deben elevar el costo de su oferta
en un 30 a 40%, dependiendo el caso, y de ese sobreprecio se desprende
una cadena de corrupción que envuelve a funcionarios públicos y miembros
de las empresas encargadas.
¡Pero, a pesar de todo, por ‘suerte’ el gobierno de la Revolución Ciudadana está lleno de corazones ardientes y mentes lúcidas!
Movimiento Vientos de Pueblo
