Artículo
escrito por la Socióloga Lina Solano para la Revista ConCiencia
Revolucionaria No.40. Importante análisis sobre el impacto de la minería
en los países semi-coloniales.
Segunda parte de Minería en el sistema Capitalista-Imperialista.
2. Impactos sociales de la minería en las semicolonias
El
negocio mundial de los minerales está controlado por las corporaciones
transnacionales, las cuales a través de él acrecientan su poder con la
extracción de super ganancias que se hacen a costa, entre otras cosas,
de no tener que responder por las denominadas “externalidades”, es
decir, los daños ambientales y sociales que provoca la minería en los
sitios en donde se asientan los emprendimientos.
Si bien, estos
daños también se causan en los países base de los capitales mineros, son
los países dominados por el capital transnacional en su calidad de
semicolonias, en donde con mayor crudeza se evidencia el costo de la
acumulación capitalista en la minería.
En el presente
artículo no mencionaré sobre los gravísimos daños que se produce en el
ambiente en todas las fases de la actividad minera, para centrarme en
algunos de los efectos sociales más relevantes en los países
semicoloniales:
a) Pérdida de soberanía.
En las últimas décadas se ha evidenciado una mayor pérdida de la
soberanía de las semicolonias. Uno de los principales componentes de
esta pérdida de soberanía es el control directo de territorios por parte
las corporaciones mineras, el cual puede hacerse de distintas maneras,
incluso cuando en apariencia los Estados refuerzan dicho control.
b) En
Ecuador la actual Constitución dice en su artículo 1 que el subsuelo es
de propiedad del Estado, sin embargo una concesión minera puede ser
otorgada para 25 años renovables, lo que significa en la práctica la
pérdida del control de ese territorio que pasa a manos de las empresas
concesionarias.
El control de los territorios donde existen los
minerales lleva incluso a la invasión militar y la guerra, como sucede
por ejemplo en El Congo país que posee el 80% de las reservas mundiales
de coltán. El conflicto bélico en El Congo, que involucra a Ruanda y
Uganda, deja ya más de 4 millones de muertos. Las corporaciones se
sirven de los propios ejércitos nacionales para la guerra por los
territorios, y han creado un conflicto armado permanente, donde los
africanos son carne de cañón de los magnates del coltán, el oro, los
diamantes y otros minerales.
Así las corporaciones
mineras se adueñan del subsuelo despojando y desalojando a los
propietarios de la tierra que están asentados sobre las concesiones.
Esta apropiación incluye el agua, tanto superficial como subterránea y
todos los demás componentes de los diversos ecosistemas de un
territorio.
La pérdida de la soberanía también se
evidencia en la mayor penetración del capital a través de imposición de
decisiones sobre la economía del país. Las decisiones en cuanto a qué
produce una semicolonia no parte de las necesidades o intereses de esos
países sino de las necesidades e intereses de las corporaciones. Jamás
se ha dado el caso de que un país semicolonial haya sido consultado
sobre lo que producirá.
En cuanto a la minería la decisión
de que esta sea la principal, o una de las principales actividades
económicas de una semicolonia, es tomada desde arriba de acuerdo a las
necesidades de las grandes transnacionales y los grupos de poder locales
a ellas ligados, es decir, de acuerdo a las necesidades del negocio y
la competencia en el mercado internacional.
El caso de
Ecuador es ilustrativo, no se ha consultado ni siquiera a las
comunidades directamente afectadas por los proyectos mineros que se
pretenden desarrollar, algunos de los cuales han sido denominados de
“prioridad nacional” por el gobierno actual. Esta es una clara muestra
de la imposición de decisiones que ya fueron tomadas desde los años 80 y
90, época en la que inició la prospección y localización de los
yacimientos, para lo que el Banco Mundial realizó un desembolso de 24
millones de dólares para el proyecto PRODEMINCA. De esa manera se
estableció el mapa minero de Ecuador, y se comenzó la concesión de casi
la cuarta parte del territorio nacional a razón de un dólar por hectárea
a distintas compañías mineras, muchas de las cuales vendieron
posteriormente las concesiones con extraordinarias ganancias.
Todo
este proceso de pérdida de soberanía frente al capital minero también
implica la modificación de la legislación de los países a fin de hacerla
más adecuada a la penetración y saqueo. En el caso de Latinoamérica, a
partir de los años 90 se introdujo reformas en casi todos los países,
cuando no se creó leyes específicas a fin de dar todas las garantías a
la inversión extranjera. En Ecuador tenemos en ese contexto las leyes
conocidas como “Trole” que se hicieron en el gobierno de Jamil Mahuad.
Otro
ejemplo de esto son las últimas reformas a la ley de minería, que se
enviaron con carácter de urgente a la Asamblea y fueron aprobadas por la
mayoría gobiernista en junio del año pasado. Las reformas buscan atraer
a los inversionistas dándoles mayores facilidades para obtener una
concesión, ya que se redujo los trámites, así como el tiempo para la
aprobación de la licencia ambiental de 16 a 6 meses. No cabe duda de que
las reformas van en beneficio directo de las empresas, ya que entre
otras cosas, establecen que la entrada en vigor del cobro de las
regalías extraordinarias será después de que las empresas hayan
recuperado la inversión.
En el caso de los países que han
firmado Tratados de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, como
México, el capital minero transnacional de los países norteamericanos se
ha beneficiado de toda la desregulación e impunidad que amparan estos
tratados, en especial las mineras canadienses.
“Las políticas
neoliberales instrumentadas en México desde mediados de los años 80 e
impulsados con mayor vigor a partir de la entrada en vigencia del TLCAN
han tenido una enorme importancia para las actividades de las empresas
mineras canadienses en México…
En un discurso pronunciado
en 2005, el embajador canadiense en México Gaetan Lavertu indicó que "la
gran mayoría de las concesiones mineras otorgadas en México a empresas
extranjeras pertenecen a empresas canadienses. El grueso de estas
inversiones procede de la provincia de Columbia Británica…
…En
diciembre de 2001, 225 empresas mineras tenían operaciones en México
(lo que constituía el 40% de la inversión extranjera en el sector), de
las cuales 209 empresas controlaban el interés mayoritario de los
proyectos de inversión. En 2001, las empresas de Canadá invirtieron en
el sector minero en México más que las empresas de cualquier otro país.
Además, México importa de Canadá el 75% de la maquinaria metalúrgica y
el 4.4% de todas las necesidades de este sector.” (Dhillon. 2007).
Los
Tratados de Libre Comercio cumplen así su función afectando
directamente la soberanía de los países semicoloniales y favoreciendo la
dominación del capital transnacional.
c) Reprimarización de la economía de las semicolonias. Dentro
de la división internacional del trabajo, a las semicolonias se les ha
asignado el papel de proveedoras de materias primas. El nuevo boom
minero que ha hecho subir el precio de los minerales en el mercado
mundial, hace más necesario mantener y profundizar ese papel, ya que así
las corporaciones pueden explotar los minerales y trasladarlos a sus
países para allí realizar el procesamiento y la transformación en
mercancías que luego venderán incluso en los países proveedores de la
materia prima, manteniéndose el perverso círculo del colonialismo.
En
aplicación a las recetas del Consenso de Washington, en Latinoamérica
se introdujeron medidas neoliberales tendiente a hacer más favorables
las condiciones para la inversión extranjera. El sector minero fue uno
de los más beneficiados, dándose un incremento en las inversiones
mineras.
“Entre 1990 y 1997, a nivel mundial las inversiones en
exploración minera crecieron en 90 por ciento. Y en América Latina el
aumento fue de 400 por ciento, equivalente a una inversión acumulada de
17 mil 300 millones de dólares. Esta región se convirtió así en la
principal receptora de capitales mineros en todo el mundo, a pesar de
representar sólo 30 por ciento del total de las inversiones mundiales.”.
(Castro. 2013).
Muchos países de Latinoamérica han vuelto
a acentuar su dependencia de la minería. Es el caso de Colombia: “La
mayor apertura tiene diferentes consecuencias en la estructura
productiva nacional, con un fuerte proceso de desindustrialización,
desagrarización y desarrollo de servicios de transporte en favor de la
minería y el turismo.” (Bonilla. 2011.50).
Así
obedientemente los países caminaron a una mayor especialización, en el
caso Colombiano a un nuevo auge de la minería de carbón. “Estas dos
décadas de apertura económica se caracterizan por haber alcanzado
algunas metas de estabilidad y haber propiciado la transición del modelo
agroexportador del siglo xx hacia la nueva minería de exportación del
siglo xxi, sin modificar la estructura de desigualdad de la sociedad
colombiana.” (Ibid).
La tendencia general es entonces a
depender cada vez más de la exportación de materias primas, en especial
de minerales, y Ecuador se enfila directamente hacia ella poniendo a la
minería como la actividad que sustituirá la era petrolera. El propio
Presidente actual Rafael Correa ha manifestado por varias ocasiones que
las reservas mineras del país alcanzarían a 200.000 millones de dólares,
cifras que no provienen de investigación o estudios que haya realizado
el Estado, sino de las propias empresas mineras. Estas reservas son
mayores a las petroleras que estarían en el orden de 70.000 millones,
por lo que en esto justifica el gobierno el apoyo que ha venido dando a
los inversionistas extranjeros.
Es importante señalar que
al reprimarizar la economía se renuncia a largo plazo a generar cadenas
productivas y procesos económicos locales que permitan una
industrialización, por lo que se mantendrá la dependencia de los
productos elaborados fuera del país.
Otro aspecto a tomar en
cuenta es que al dar prioridad a un sector como el minero se afecta a
otros, especialmente el agrícola, desplazando población campesina e
indígena que producen, en especial, para el mercado interno,
desapareciendo tradicionales cadenas de subsistencia de las que se
mantienen familias enteras, y, afectando a su vez la Soberanía
Alimentaria de las semicolonias, con lo que se profundiza la dependencia
y sometimiento económico con respecto a los países que nos proveen,
inclusive de alimentos, favoreciendo de esta manera al capital que
monopoliza la producción de comida a nivel mundial.
d) Mayor empobrecimiento de las semicolonias. En contraposición a lo que difunden la publicidad de las corporaciones mineras y los gobiernos pro-minería: “Para lograr el objetivo de mayor ganancia y acumulación de capital, la
industria busca disminuir sus costos aumentando la pobreza: mejora su
tecnología, abarata los costos de la materia prima, disminuye tiempos y
distancias, paga menos a la trabajadora y al trabajador, evita
impuestos, logra nulas regulaciones ambientales y legales, se aprovecha
de tratados de libre comercio, obtiene créditos blandos, busca servicios
baratos o gratuitos (agua, energía, infraestructura, etcétera),
externaliza los costos sociales y medioambientales y logra subsidios,
entre otras fórmulas.” (Castro. 2013).
e) Todo
ello lleva a un mayor empobrecimiento de los países semicoloniales
donde las transnacionales extraen los minerales. Los ejemplos sobran en
Latinoamérica: Perú, que lidera el ranking minero en la región con un
58% del total de sus exportaciones correspondientes a la minería en el
año 2011, colocándose como el segundo productor de cobre después de
Chile, y el sexto de oro a nivel mundial con la mina más grande de
Latinoamérica que es Yanacocha situada en Cajamarca, mantiene cifras
alarmantes de miseria como las que dan cuenta de que el 45% de los niños
y adolescentes peruanos vive en la pobreza y, además, cuatro de cada
cinco menores de entre 6 y 11 años no tienen garantizada en sus casas un
“agua segura” para beber, según un informe presentado en marzo de 2011
por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas
en inglés). Además, Cajamarca ha pasado de ser el cuarto departamento
más pobre del Perú antes del inicio de las operaciones de Yanacocha, al
segundo puesto de pobreza en el vecino país, donde 77.4% de su población
vive en la pobreza y 50.8% en extrema pobreza; el 50% de los niños
sufre desnutrición y tiene uno de los índices más altos de mortalidad
materna. Los distritos de Chetilla y la Encañada que están dentro del
área de influencia de Yanacocha presentan los siguientes indicadores:
“En Chetilla, el 39% de hogares carece de electricidad, el 58% de sus
mujeres son analfabetas. La desnutrición infantil es del orden del 74%.
En el distrito de la Encañada, el 90% de su población carece de
electricidad, el 44% de sus mujeres son analfabetas y la desnutrición
infantil es del 52%. De ahí que, el Índice de desarrollo humano (IDH)
para Chetilla es del 0.46 y para la Encañada es del 0.47.” (Salinas. 2012).
A
pesar de la inversión y la enorme cantidad de minerales que sale de
Latinoamérica ningún país logra el ansiado “despegue” para el
“desarrollo”. Actualmente “…cuatro años de extracción de plata y un año
de oro es equivalente al tesoro colonial arribado a España desde la
Conquista hasta la emancipación de las colonias americanas en 1808.”
(Castro. 2013).
Todo lo contrario se hace más grande la
brecha de desigualdad. Por efecto de la minería en México: “Mientras
cinco familias mineras mexicanas entran a la lista de los
multimillonarios del mundo, cinco millones de mexicanos se suman a la
cifra de pobreza extrema en el país.” (Juárez. 2013).
Otro ejemplo
es el de Brasil, primer productor de hierro a nivel mundial, que
mientras la empresa VALE se ha convertido en la mayor empresa de
minerales diversificados del mundo, las grandes masas de pobres
continúan sumidos en la miseria tanto en el campo como en las ciudades.
Claro que actualmente VALE ya no es de propiedad estatal y
mayoritariamente sus accionistas no son brasileños. El gobierno
brasileño y los inversores de ese país controlan solamente un poco más
del 15% del total de las acciones. En el 2012 VALE ha repartido a sus
accionistas USD $ 6.000 millones mientras 16 millones de personas aún
viven en la extrema pobreza y 1,4 millones de niños se ven obligados a
trabajar para sobrevivir.
La otra cara de la moneda de la
pobreza de los pueblos latinoamericanos son las exorbitantes ganancias
que la minería produce para las corporaciones, incluso bajo regímenes
considerados por algunos autores como “progresistas”. Por ejemplo en el
caso Latinoamericano, específicamente en Chile, señala Eduardo Gudynas,
las ganancias remesadas al exterior por las empresas extranjeras pasaron
de 13 mil millones al finalizar el mandato de Ricardo Lagos “…y de allí
volvieron a crecer bajo Michel Bachelet a más de 25 mil millones de
dólares…” (Gudynas. 200).
Todos los beneficios que se dice
recibirán los países y las comunidades por la minería que les permitirá
salir de la pobreza no pasan de ser un mito y marketing de sus campañas
publicitarias de las empresas y los gobiernos. La realidad es que la
minería metálica industrial ni siquiera es un sector que genera
ocupación. A nivel mundial emplea 2,75 millones de personas, 0.1% de la
Población Económicamente Activa (PEA), es decir, apenas el 0,09% de
puestos de trabajo.
Además la cantidad de mano de obra que
requiere la minería depende de la fase de la actividad en que se
encuentre, siempre en las fases iniciales habrá más puestos de trabajo,
sobre todo durante la construcción de la infraestructura para el
funcionamiento de la mina, pero luego se reducirá drásticamente en las
fases de explotación debido al uso de maquinaria, tecnología de punta y
mano de obra calificada. Los salarios de este sector son bajos y
permanentemente se conoce de conflictos laborales. En la mayoría de
casos no se paga seguridad social, las jornadas de trabajo son extensas y
extenuantes y no se dan buenas condiciones para los trabajadores, de
ahí que los conflictos laborales en el sector son permanentes.
Al
contrario de los ofrecimientos de empleo con el que las compañías
mineras engañan a las comunidades, lo que provoca la minería es la
pérdida de formas tradicionales de subsistencia, en especial afectando a
las Pequeñas Unidades Productivas que abastecen el mercado interno y
ocupan mano de obra de las familias campesinas. Mediante el despojo y
contaminación la minería afecta áreas donde comunidades campesinas e
indígenas mantienen formas de producción agrícolas, ganaderas,
forestales, y otras como la caza y la pesca para el autoabastecimiento o
para los mercados locales. Con ello se deja en la desocupación a una
gran masa de población rural con los consiguientes problemas sociales.
Otro
aspecto a tomar en cuenta en cuanto al empobrecimiento de las
semicolonias es que el negocio de las mineras es el saqueo, es por ello
que no pagan una cantidad significativa por motivo de regalías y otros
impuestos y tributos. En muchos casos debido a las legislaciones tan
flexibles que se han impuesto y la falta de transparencia, evaden
fácilmente los impuestos. “… en Brasil, las empresas mineras disfrutan
de exoneraciones tributarias (no pagan el impuesto a Circulación de
Mercaderías), y los royalties y valores de la Contribución Financiera
por la Exploración Minera que llegan a los municipios son bajos (1 a 3%
de facturación líquida), donde también los cálculos los hacen las
propias empresas.” (Ibíd.).
Como bien lo
dijo Eduardo Chaparro represente de la Cámara de Minería de Colombia en
un evento realizado en Bogotá en marzo del año pasado: “Nadie en el
mundo, nadie, ni ningún país, independiente del régimen político que lo
maneja, hace minería por deporte, afición o filantropía sino porque
interesa ganar dinero”. Y esa acumulación de la ganancia se tiene que
hacer a costa de sumir en la pobreza y la contaminación a millones de
seres humanos, porque a más de los tradicionales indicadores de pobreza,
se debe tomar en cuenta que los pasivos ambientales que deja la minería
obligan a las poblaciones afectadas a vivir en ecosistemas donde el
agua, el suelo y el aire están contaminados, es decir, que estas
poblaciones se ven obligadas a vivir en condiciones no aptas para la
vida humana ni de otras especies, produciéndose graves daños en la salud
y la salubridad, por los que nadie responde. Un caso emblemático es el
de La Oroya en el Perú que figura entre las 10 ciudades más contaminadas
del Planeta. Conocida como la ciudad de “los niños de plomo”, ya que
casi la totalidad de su población infantil tiene plomo en sangre debido a
la contaminación del complejo metalúrgico de propiedad de la empresa
estadounidense Doe Run. “Según un informe de la Federación Internacional
de Derechos Humanos (FIDH), el 97% de los niños y niñas de entre los 6 meses y los 6 años y el 98% de entre 7 y 12 años presentan altos niveles de plomo en la sangre en la ciudad de La Oroya (Junín).”[1]
f) Mayor endeudamiento. Lejos
de los discursos de los gobiernos y las empresas mineras, otro efecto
de la minería en las economías de los países semicoloniales es un mayor
endeudamiento. Lo que está ocurriendo con nuestro país es muy
ilustrativo en este sentido. Al tener en perspectiva el inicio de la
explotación de minas a gran escala en el Ecuador el endeudamiento
externo ha crecido, especialmente con China, país que está invirtiendo
fuertemente en el sector minero, habiendo adquirido ya las concesiones
de Corriente Resources ubicadas en el norte de la provincia de Zamora y
Sur de Morona Santiago, con 2 de los 5 proyectos denominados “estrellas”
por el actual gobierno: Mirador y Pananza-San Carlos. Igualmente
Junefield, otro consorcio chino, finiquitó en diciembre de 2012 la
negociación del proyecto Río Blanco con la empresa canadiense
International Mineral Corporation (IMC) en la parroquia Molleturo,
provincia de Azuay. Al tiempo que la inversión minera china aumenta,
este país asiático ha pasado a ser el principal acreedor de Ecuador,
llegando el monto de la deuda actualmente a USD $ 8.700 millones de
dólares, y en condiciones que el mismo gobierno ha reconocido como
peores que las del Fondo Monetario Internacional.
Los
préstamos que aumentan la Deuda Externa van a su vez para favorecer al
capital minero. Hay que recordar, en el caso de Ecuador, que desde 1993
ya se comienza a recibir préstamos dirigidos a favorecer la inversión
minera como fue el crédito dado por el Banco Mundial para el Proyecto
PRODEMINCA, y gran parte del endeudamiento actual con China está
dirigido al sector hidroeléctrico cuando se sabe que la industria minera
es una de las que más energía eléctrica demanda.
“Minera
la Alumbrera es el mayor cliente individual de electricidad. Consume el
80% del total consumido por toda la provincia de Tucumán. Según el Ente
Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25 por
ciento de la energía eléctrica suministrada a la Región del NOA y el 87
por ciento del consumo total de la provincia de Catamarca. Una enormidad
de energía, al igual que los 100 millones de litros de agua dulce que
extrae diariamente del acuífero el Campo del Arenal, único reservorio de
agua pura de esa zona catamarqueña. Los gobiernos facilitan y ponen a
disposición estos recursos a las multinacionales, incluso a costas de
restringirlos a los propios habitantes.” (Cristiani. 2009).
Incluso
sin que se comience la fase de explotación ya comienza el endeudamiento
de los países receptores del capital minero transnacional.
“Y
la historia se repite… En la estrategia imperialista nuevamente se
manifiesta la necesidad de promover un nuevo plan de endeudamiento
externo sudamericano.
En el caso de la mega-minería a
cielo abierto, este endeudamiento público se da través de la
infraestructura que necesitan estas corporaciones privadas para realizar
la exploración, la explotación y el transporte de minerales. De esta
manera los argentinos tendremos que hacernos cargo de proyectos
faraónicos en materia de comunicación, transporte y energía, por citar
sólo los principales.
Asumiremos el costo de caminos, puentes y
puertos por donde transitarán las materias primas y minerales que se
llevarán del país. Tomaremos deuda para la construcción de embalses,
diques, centrales hidroeléctricas, acueductos, gasoductos y oleoductos
para que no les falte la gran cantidad de energía que emplean estas
empresas multinacionales atraídas por la oportunidad de riqueza fácil y
rápida que representa Argentina. También deberemos poner a disposición
nuestros ríos, arroyos, lagos, acuíferos y demás cuencas para que estas
empresas extractivas la despilfarren y contaminen.” (Ibíd.).
La
Deuda Externa implica mayor dependencia, sometimiento, imposibilidad de
autonomía. Un dato de 1994 es revelador respecto al endeudamiento de
los países que basan sus economía en la minería: Doce de los 25 Estados
más dependientes de minerales del mundo (la mayoría de ellos
concentrados en el África subsahariana) fueron clasificados por el Banco
Mundial como “países pobres altamente endeudados”, la categoría de
países más complicada. Y es justamente el continente africano el más
pobre del planeta a su vez el más endeudado. “Más del 50% del PIB de
toda África se destina cada año al pago de la deuda. Esta sangría de
divisas impide atender sectores básicos necesitados de grandes
inversiones, como la sanidad, la agricultura y la enseñanza.”
(González-Calvo. 2011).
A través del endeudamiento las
Instituciones Financieras Internacionales, como el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Mundial pueden presionar a los países africanos
para mejor las condiciones para la inversión minera, a costa de afectar
las condiciones de vida de su población.
“Siguiendo las
recomendaciones del FMI, Ghana disminuyó las reglamentaciones mineras y
fomentó las inversiones de la industria minera a través de generosos
incentivos y reducciones tarifarias durante la década de los 80 y 90…
Diamantes, bauxita, manganeso, y especialmente oro son los metales
predominantemente buscados en Ghana, y la mayoría son extraídos por
compañías canadienses, australianas, sudafricanas, estadounidenses y
otras empresas de capital extranjero.” (Carrere. 2004.44)
Otro ejemplo del perverso círculo del endeudamiento es el de Tanzania:
“En
1986, firmó un acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y siguió firmando los acuerdos de préstamos del FMI
durante los quince años siguientes, aumentando de esta forma el peso de
la deuda. A fines de la década de los 90 los servicios anuales de la
deuda promediaban los US$ 438 millones, el 37% del total de los ingresos
por exportación.
Los préstamos del FMI asociados a los Programas
de Ajuste Estructural (PAE) requieren la instrumentación de una serie de
políticas como… el apoyo la extracción de piedras preciosas y otros
minerales por parte de empresas nacionales y extranjeras.” (Ibíd. 78)
La
minería entonces viene acompañada de un mayor endeudamiento para las
semicolonias, lo cual a su vez ayuda a la penetración del capital minero
y a su expansión promovida por los acreedores cuyo rol es presionar a
los países deudores y continuar entregándoles dinero, profundizando así
la dominación financiera y favoreciendo a los otros sectores del capital
transnacional.
g) Pérdida de derechos, libertades y garantías de las poblaciones locales. El
capital transnacional minero necesita todas las facilidades para
ingresar, hacer su negocio y salir con las ganancias, es por ello que
exigen “seguridad jurídica” a los gobiernos y Estados de los países
semicoloniales. Parte de esta “seguridad jurídica” es que las
poblaciones locales no tengan la posibilidad de afectar a los
inversionistas cuando se adueñan de los territorios, ni en ninguna fase
de la actividad minera. Por esta razón en la práctica se conculcan todos
los derechos, libertades y garantías de las poblaciones locales,
especialmente las comunidades indígenas y campesinas, que ocupan el
suelo, una vez que el Estado procede a concesionar el subsuelo.
En
el Perú por ejemplo, el aumento de la inversión minera ha sido uno de
las más significativos en Latinoamérica, sin embargo cada nuevo proyecto
se hace sin ningún tipo de consulta a las comunidades lo que genera
conflictos cada vez más agudos como los suscitados en el 2012 tanto al
sur del vecino país en Tintaya como al norte en Cajamarca con el
proyecto Conga de la corporación Newmont. De acuerdo al Defensor del
Pueblo de ese país, Perú tiene actualmente más de 60 disputas por el
impacto de la minería en las reservas de agua. A pesar de que septiembre
del 2011 se aprobó la primera Ley de Consulta Previa, esta ha sido
fuertemente cuestionada por los sectores organizados indígenas y
campesinos porque contradice el convenio 169 de la OIT y las sentencias
obligatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no se
ajusta a los mínimos estándares internacionales en esta materia.
Las
poblaciones locales no son informadas sobre los efectos de la minería.
Las empresas, los gobiernos y Estados únicamente realizan una campaña
publicitaria donde se muestran las “bondades”, pero no se pone en
conocimiento de los futuros afectados los impactos que pueden tener en
los ecosistemas en los que ellos viven y producen, y en su salud.
Desde
la entrega de las concesiones y durante todas las fases de la actividad
minera se comenten violaciones de derechos a las comunidades, sobre
todo cuando estas reclaman por estas violaciones. También se violan los
derechos laborales de los trabajadores y se incumplen con las normativas
ambientales.
Siendo las corporaciones canadienses las que
más han invertido en Latinoamérica, como ya señalé anteriormente, es
sintomático que actualmente haya un sinnúmero de denuncias, acusaciones y
demandas contra las empresas incluso en el propio Canadá. Uno de los
más recientes está relacionado con la actuación de la embajada
canadiense en México para respaldar a la empresa Blackfire que se vio
envuelta en graves conflictos con las poblaciones locales en Chiapas,
según un informe presentado por Mining Watch en mayo de este año.”
(Moore y Colgrove. 2013). Parte de este conflicto es el asesinato del
dirigente Mariano Abarca en el 2009 y actos de corrupción de la empresa
para comprar autoridades locales, crímenes que aún se encuentran en la
impunidad.
Según Jamie Kneen otro miembro de Mining Watch:
“el sector minero canadiense cuenta con un grupo de "lobby" muy
poderoso que incluye casi todos los exprimeros ministros del país "que
trabajan como abogados o asesores para las compañías mineras".” (Rivas.
2013).
El poder económico y político de las grandes
corporaciones mineras es lo que prima frente a derechos reconocidos en
las constituciones e instrumentos internacionales. Cualquier acción de
parte de las comunidades por hacer respetar esos derechos es vista como
un atentado, dándose en todo el continente procesos de criminalización y
judicialización de la protesta social. Bajo figuras como “terrorismo” o
“sabotaje” se persiguen a dirigentes, líderes sociales y demás
opositores a la actividad minera. Se trata de esta manera de impedir en
la práctica la libertad de expresión, de manifestación, de organización y
si la cárcel no logra este cometido se pasa a la eliminación de las
personas identificadas como causantes del malestar, lo cual también
sirve como escarmiento para todo el colectivo.
h) Pérdida de ecosistemas vitales, biodiversidad y diversidad cultural. Se
debe tener en cuenta que a más de los derechos, libertades y garantías,
inmensas poblaciones en el mundo están perdiendo los espacios donde
desarrollan su vida, al tiempo que se pierde biodiversidad y diversidad
cultural, con lo cual desaparecen las condiciones materiales para
derechos fundamentales como la vida y la salud, entre otros.
Si
tomamos en consideración los millones de años que ha tardado el planeta
en configurar los distintos ecosistemas, estamos ante una pérdida
irreparable que pone en riesgo la existencia de las futuras generaciones
de la especie humana y termina con otras especies animales y vegetales.
Con el avance de la locomotora minera hay una presión cada vez mayor
sobre los bosques, inclusive sobre áreas protegidas.
“A
principios de la década de 1970, la empresa RBM (Richards Bay Minerals)
comenzó a realizar actividades de extracción en las dunas cubiertas de
bosques a lo largo de la costa noreste de KwaZulu Natal… El único
beneficio tangible de estas actividades fueron las divisas extranjeras
que tan desesperadamente necesitaba Sudáfrica para sortear las sanciones
impuestas por la comunidad internacional y el bajo costo para las
empresas mineras…
El medio ambiente natural, en el que
primaban bosques prístinos con árboles de más de trescientos años, fue
destruido. Miles de hectáreas de este raro tipo de bosques fueron
destruidas y reemplazadas por ensayos de restauración de la vegetación…
La
compañía ha gastado cantidades astronómicas de dinero en propaganda,
afirmando que sus esfuerzos por regenerar la vegetación han tenido
éxito…” Pero “…No han cumplido las condiciones de los contratos donde se
establecía que el área a lo largo de la duna frontal… no debía ser
explotada. En forma similar, áreas a lo largo de vías fluviales
navegables y lagos que debían ser protegidas, han sido explotadas
ilegalmente, y el gobierno no ha impuesto ninguna sanción a la
compañía.” (Ibíd. 72-73).
Cuando las zonas
mineralizadas se en encuentran ocupadas por pueblos indígenas, estos son
desplazados y despojados de sus territorios con lo que se afecta su
cultura:
“Norsk Hydro, una sociedad noruega con inversiones en
metales livianos, petróleo, industria petroquímica y agricultura, junto
con la empresa transnacional canadiense Alcan y la empresa india
Hindalco está planificando la explotación de bauxita en tierras tribales
sagradas del estado de Orissa en el este de la India…
Las
montañas Baphimali, donde Hydro piensa extraer bauxita, son la fuente
de 350 cursos de agua permanentes, incluyendo los afluentes que
alimentan el río Indravati. Para los Adivasis de la región, Baphimali es
una fuente sagrada creadora de vida…
Los intereses
empresariales cuentan con el apoyo del gobierno para llevar a cabo sus
planes con fines de lucro…” (Ibíd. 140-141).
La industria
extractiva de la minería está arrasando con ecosistemas, biodiversidad y
diversidad cultural, pérdidas que no se pueden cuantificar y que
afectan al planeta y a las especies que en él habitamos.
Soc. Lina Solano Ortiz Mgtr.
Miembro de la CCP -
Coordinadora Campesina Popular
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