La nueva ley de comunicación fue aprobada por la Asamblea Nacional y entró en vigencia desde el 26 de junio del presente año. Mucha polémica se ha tejido en torno a ésta, pero los análisis se han sesgado únicamente a las opiniones de los diferentes sectores de la clase dominante a través los medios de comunicación públicos o privados que controlan. Los sectores populares han estado aislados de este “debate” y su posición no hace más que reproducir de manera deformada los criterios que se vierten a través de estos espacios.
Los medios de comunicación privados y el gobierno han asociado el tema de la “libertad de prensa y expresión” a la democracia, ésta es referenciada como un concepto absoluto, un ideal a ser alcanzado. Para los medios privados la libertad de prensa tiene que ver con la libertad de manejar la comunicación como una empresa, como un negocio en el que no debe haber mayor regulación o control desde el Estado. Para el gobierno actual la libertad de prensa está relacionada con un mayor control estatal, no sólo en forma de regulación de los contenidos, sino con el Estado como constructor de realidades que influencian permanente la opinión pública. Detrás de estas diferencias no se esconde una contradicción antagónica, sino que se refleja la correlación de fuerzas que se da actualmente, no entre clases sociales opuestas, sino dentro de la clase dominante, las cuales difieren en el modelo de gestión de la comunicación de acuerdo a los intereses burgueses que representan. Esta disputa entre “modelos” no es una pugna entre el pueblo y la clase dominante ni mucho menos, como pretende hacerlo parecer el gobierno, es una lucha entre fracciones de la burguesía que se benefician de una u otra forma de gestión del Estado –forma de gobierno-. Esta forma de manejo de los medios tiene que ver precisamente con el carácter de cada grupo burgués, es un reflejo de su situación económica y de cómo buscan preservar aquellos intereses. Al ser el gobierno representante de la burguesía burocrática que utiliza el Estado como palanca de ascenso económico, es evidente que va a ampliar el rol de los medios “públicos” para posicionarse. Y los grupos monopólicos que no están en este momento controlando la estructura estatal directamente buscan que el negocio de los medios privados se mantenga. Es una disputa de “modelos”, entre lo liberal y lo keynessiano, entre formas democrático burguesas clásicas y formas fascistas.
La comunicación a través de los medios masivos es una cuestión de poder. En el plano económico sólo quienes poseen suficiente capital tienen la posibilidad de manejar medios de comunicación de masas, a la vez que esto es un negocio rentable para los empresarios que ingresan en este campo. Pero además los medios de comunicación son un eficiente aparato ideológico que produce y reproduce la concepción y la forma de entender el mundo de la clase dominante, pues a través de la propaganda comercial genera una cultura de masas basada en estereotipos que se traducen en un consumismo desenfrenado, y mediante la propaganda política construye la idea de que este sistema es lo único y lo mejor a lo que podemos apelar. ¿Podemos hablar de objetividad y neutralidad si hay intereses económicos y políticos de por medio? ¿Podemos acaso creer que los medios de comunicación cumplen una “función social” cuando son un negocio producido para generar ganancia?
Los medios de comunicación en el Ecuador han sido controlados históricamente por los grupos monopólicos, especialmente de la burguesía compradora y financiera como el Grupo Eljuri, Consorcio del Pichincha, Grupo Isaías, Grupo Noboa, entre otros. Pero también han existido monopolios económicos orientados exclusiva y directamente al negocio de los medios de comunicación masivos, en base a los cuales han hecho una considerable fortuna, entre los claves podemos mencionar al Grupo Mantilla Anderson, al Grupo Vivanco y al Grupo Alvarado Roca. Cabe señalar que estos grupos no sólo controlan los medios masivos, sino que manejan en general la industria del entretenimiento, puesto que poseen entre sus propiedades cines, teatros, editoriales, centros comerciales.
En la denominada “revolución ciudadana” esta composición se ha modificado, obedeciendo esto no a una “democratización de los medios”, sino a la extensión del monopolio estatal sobre ellos, asegurándole al gobierno de turno una importante influencia sobre la opinión pública y una gran ventaja dentro de la clase dominante para erigirse como capa dominante dentro de ésta. El tema de fondo tiene que ver no sólo con el entendimiento gubernamental de la importancia de los medios de comunicación como eje central de dominación ideológica y el arma poderosa que representa desde el Estado; sino especialmente con las particularidades de la fracción burocrática de la burguesía que es a la que representa este gobierno, la cual utiliza el Estado como palanca de ascenso económico, se beneficia del monopolio estatal, y logra una alianza con el capital privado que permite la dinamización de algunos sectores de la economía, por ejemplo en la comunicación. Sí en el 2006 el gobierno de Alfredo Palacio gastó dos millones de dólares en publicidad, en el 2012 el gobierno de Correa estimó gastar en su presupuesto 129 millones en la partida de difusión, que sumadas otras dos partidas para financiar publicaciones, el monto total destinado a productos de corte publicitario rebasaba los USD 260 millones[1]. Esto alienta el negocio de los medios de comunicación privados puesto que pautan más publicidad, lo que ha servido además para que el gobierno dome a empresarios y comunicadores y los atraiga hacia el discurso oficial. Pero además esto ayuda a difundir las “bondades” del gobierno y a asegurar la tajada que por estos contratos recibirían también los funcionarios de alto nivel.
Desde el 2007, año en que inició su mandato Rafael Correa, las empresas Percrea y Creacional, de la familia Alvarado, han incrementado sus ganancias de manera considerable. Fabricio Correa en declaraciones en Julio del 2009 a Teleamazonas manifestó que “Vinicio Alvarado gana 12,5 veces más que hace dos años, y sin acudir a su oficina a trabajar.” Según diario HOY, “La referencia la constituye por ejemplo el impuesto a la renta, el último, realizado por el año 2008, fue de $163 177, lo que representa un crecimiento de 1 000% en ingresos al fisco, comparando su pago de 2005, que fue de $13 216. Los años anteriores, 2004 y 2003, la agencia de Vinicio Alvarado Espinel registró $0 como pago de su Impuesto a la Renta”[2]. Ello da una pauta para ver el crecimiento de estas empresas bajo el ala del gobierno. Además la familia Alvarado se benefició de la frecuencia para la radio Onda Blanca, en Manabí. Y también de “la concesión de un canal de televisión que funciona para Quevedo desde el 2009”3. Según la revista Vanguardia las empresas de Alvarado piden que las empresas de publicidad facturen con otro nombre, además de exigir el 50% de las ganancias a las empresas de publicidad que pautan con los grandes medios de comunicación.
El Estado ha pasado de ser un ente sin mayor control de los medios, a constituirse en un monopolio de gran influencia. Si antes poseían un canal nacional de televisión que no lo miraba nadie, y un par de radios, en la actualidad controla cinco canales de televisión: Gama TV, TC, Cablenoticias, Cabledeportes, y Ecuador TV; varias radios como Super-K, Sonorama, Universal y medios impresos como El Ciudadano, El Telégrafo, el Periódico Popular; además agencias de noticias como ANDES. Esto es complementado por cadenas nacionales difundidas permanentemente y las sabatinas que las radios tienen la obligación de pasar. Pero el gobierno no se queda sólo en la influencia a través de los medios o vallas publicitarias, sino que tiene sus grupillos que hacen propaganda callejera, etc.
El gobierno fabrica una realidad burda y tergiversada a través de sus medios, del bombardeo sistemático y permanente que ejerce desde ellos. El cerebro del fascismo Joseph Goebbels lo había pronosticado: “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. El gobierno sigue al pie de la letra esto cuando habla de derechos laborales, de repartición de tierra, de las bondades de la minería, cuando acusa a quien se le opone y lo fustiga y persigue. Alianza País utiliza un enorme aparato de comunicación para sostener su farsa.
La polémica Ley de Comunicación
La aprobación de la ley de comunicación encarna la materialización del interés de la fracción burguesa representada por el gobierno de ampliar su control e influencia en la opinión pública y hacerse fuerte ante otros grupos de la clase dominante.
El gobierno pretende ampliar su influencia mediante la excusa de democratizar lo medios. Si anteriormente las frecuencias de radio y televisión estaban controladas en un 85% y 71% por los monopolios privados, el gobierno pretende controlar el 33% estatal y 34% comunitario, que por las normas y el control ejercido por el Estado no podrá salirse de sus cánones.
La ley crea la Superintendencia de Comunicación e Información que se encargará de la vigilancia, auditoria, intervención y control, y que tendrá facultades sancionatorias y punitivas. Se conformó además el Concejo de Regulación de Medios que intervendrá en definición de programas, franjas horarias, contenidos, acceso a la información e informes para la concesión de frecuencias. Estos organismos permitirán al ejecutivo ejercer la presión necesaria sobre los medios privados, controlar los contenidos y extender su interpretación de los sucesos como única, blindando además a sus funcionarios y al gobierno mismo de las críticas. Se genera además la figura de linchamiento mediático pretendiendo prevenir el hostigamiento, pero además con un interés manifiesto de cerrar el campo al periodismo investigativo no oficial.
Esta Ley va a generar un estado de propaganda en el país dirigido por el oficialismo, donde se busca consolidar su posición ante los hechos como verdadera y única. Es un elemento que va a permitir al gobierno aumentar el control e influencia de su monopolio mediático en relación a los otros medios burgueses. Además busca anular las críticas al régimen que evidencien toda su política anti-popular.
La alternativa de los sectores populares
Los sectores populares no podemos caer en el engaño de estar a favor de los monopolios privados o del monopolio estatal de la comunicación. La proclama de “prensa libre e independiente” no es más que una demagógica excusa que utilizan los medios tradicionales para sostener su negocio y precautelar sus intereses. La anunciada democratización de los medios busca confundir al pueblo y hacer pasar al Estado como representante del interés general, ocultando su carácter clasista. De fondo esto no es más que una disputa inter-burguesa que se da dentro de la clase dominante. De hecho debe haber una oposición sólida contra la ley de comunicación por su carácter punitivo y controlador, pero nuestra posición no debe ser el deformado reflejo de las posiciones de los monopolios privados, sino que debe ser construida desde nuestro interés de clase y todo lo que ella provoca como efecto para los sectores populares. El gobierno se llena la boca hablando de libertad, democracia, justicia social, pero la libertad que proclama se diluye en la frontera de quienes lo apoyan. ¿Se puede hablar de libertad de expresión cuando la autocensura por temor a las represalias se vuelve algo cotidiano? ¿Se puede hablar de libertad cuando cualquier criterio contrario al del poder significa enjuiciamientos, cárcel o calumnias? La hipocresía del poder se construye mediante la manipulación y la represión, recursos utilizados de acuerdo a las circunstancias históricas y a la correlación de fuerzas entre los sectores populares y la clase dominante.
El tema pasa por cómo nosotros podemos ir generando no sólo contra-información que revele los sucesos reales que acontecen en una sociedad, más aún en el Ecuador donde esto se halla velado por la hegemonía del gobierno, sino especialmente una comunicación que lleve a la reflexión, al conocimiento, a la aprehensión de los sucesos histórico-sociales de manera crítica.
Nosotros no podemos adquirir medios de comunicación masivos por nuestra situación económica como clase. Además hay que tomar en cuenta que si en el supuesto que lográramos manejar un medio, este se perdería en el mar de medios que se hallan controlados por la burguesía. Esta sociedad garantiza la propiedad privada, puesta en marcha para fines privados tanto económicos como políticos. Debemos aprender a utilizar las herramientas tecnológicas contemporáneas sin convertir a estas en un fetiche como a veces sucede con el internet, donde la “actividad revolucionaria” de algunos grupos se diluye en las huellas digitales que quedan plasmadas en el teclado. Se pueden usar esas herramientas pero nuestra comunicación con las masas debe ser de carne y hueso y no hay mejor forma de lograrla que mediante el trabajo popular constante. Y ello nos lleva a plantearnos otros métodos como la comunicación callejera que se ejerce a través de pintas, murales, graffitis, radios populares, periódicos murales, cines foro, etc. Buscar espacios en los medios de comunicación si sirve para difundir nuestros posicionamientos y hay que buscarlos, pero la principal forma de lograr la popularización de nuestro movimiento es a través de su trabajo, de su lucha, de que se haga notoria su acción reivindicativa y revolucionaria, cosas que los medios pueden tergiversar u ocultar momentáneamente pero que de hecho se van hacer visibles.
A lo que queremos llegar con este artículo es que la ley de medios no es sino una disputa entre fracciones burguesas por las que no podemos tomar partido los sectores populares. El asunto de fondo es generar alternativas comunicacionales que permitan contrarrestar toda la manipulación existente tanto desde el gobierno como desde los monopolios tradicionales. Impulsar una comunicación alternativa que permita a los sectores populares conocer la verdad, la situación real de las cosas, y en ese camino debe fluir toda nuestra creatividad y decisión para lograrlo. ¡No se equivoquen señores la salida no está en lograr una concesión de un medio “comunitario”, sino en salirnos de los cánones de la comunicación formal, oficial, institucional y tradicional, y dar un salto donde la comunicación se constituya en un eje que dote a los sectores populares de toda la carga simbólica y organizativa necesaria para comenzar a emanciparnos!
[1] [1] http://www.elcomercio.com/politica/gastos-publicidad-oficial-dispararon_0_598140307.html
[1] http://www.eluniverso.com/2011/11/18/1/1355/gobierno-presupuesta-gastar-cinco-veces-mas-publicidad-2012.html
[2] 2 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/agencias-de-los-alvarado-suben-como-la-espuma-359232.html
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