Despertar la
organización y la resistencia proletaria es la consigna
¡Ni gobierno,
ni reformismo, Basta de lo mismo!
El Primero de Mayo encierra un profundo significado
para la clase trabajadora. Recuerda la lucha de los mártires de Chicago por
lograr la reducción de la jornada laboral a ocho horas diarias, ello se logró
en medio de la movilización ante el gobierno y los empresarios. Dicho derecho
no fue una dádiva de los capitalistas, sino una conquista alcanzada por la
lucha proletaria. Gobierno y
empresarios arremeten día a día contra los trabajadores con leyes que vulneran
derechos reforzando la estructura de dominación, con la introducción de métodos
para extraer más plusvalía, y con la represión cuando lo ven necesario ya sea
mediante enjuiciamientos u hostigamiento policial.
El gobierno actual se disfraza de revolucionario
para introducir de una manera más solapada precisos ataques contra los sectores
populares: flexibilización laboral y desmantelamiento de la organización en el
sector obrero; apertura a las transnacionales mineras, concentración del agua y
la tierra, y respaldo total a los terratenientes en perjuicio del campesinado
ecuatoriano; mercantilización y elitización de la educación sufrida por los
estudiantes o por los que pretenden serlo; quiebra de los pequeños comerciantes
y productores; persecución a los vendedores informales; etc.
En seis años los trabajadores ecuatorianos han
enfrentado una serie de reformas jurídicas que pretenden coartar derechos fundamentales
que anteriormente estaban garantizados. Los trabajadores del sector público fueron
los primeros en ser atacados con
la promulgación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley Orgánica de
Servidores Públicos, además de los decretos ejecutivos 225 y 813, entre los
principales aspectos podemos señalar: Los derechos de sindicalización, huelga y
contratación colectiva quedan reservados exclusivamente para obreros y
excluye a los servidores públicos. Las personas consideradas como servidores
públicos no tienen la categoría de trabajadores, lo que les ubica dentro del
cumplimiento de un servicio civil que está integrado más al ámbito del derecho
administrativo que del derecho laboral. Se eliminó la representación de los trabajadores
en los directorios de las empresas públicas, ahora sólo los representantes del
gobierno toman todas las decisiones, excluyendo a los trabajadores, y abriendo
el campo para que se puedan introducir medidas tendientes a la privatización
de las empresas públicas o medidas flexibilizadoras en las relaciones
laborales. Se reducen las indemnizaciones por despido. Cerca de 7000 empleados
y funcionarios del sector público salieron con la figura de “renuncia
obligatoria”. Esto marca un precedente nefasto puesto que se puede dar el
despido de cualquier trabajador, en cualquier condición, con dicha figura.
Ahora el gobierno va por
los trabajadores del sector privado con el proyecto de reforma al Código del
Trabajo. El Ministerio de Relaciones Laborales entregó a las centrales
sindicales en el 2010 un documento que plantea ciertas reformas, entre ellas
las que mencionamos a continuación:
Medidas
que atentan contra la estabilidad como la ampliación de los contratos a plazo
fijo a tres años, cuando anteriormente después de un año el trabajador ya era
estable. La extensión del período de prueba de tres a siete meses. La jornada
laboral de ocho horas diarias consecutivas, aplicada de lunes a viernes, busca
ser vulnerada, dando la oportunidad a los explotadores de distribuir las horas
de acuerdo a su conveniencia –diez, cuatro, seis horas diarias incluyendo fines
de semana- y sin ningún recargo por hora suplementaria, dando lugar a una
explotación más intensa donde el empresario burgués quiere racionalizar al máximo
la extracción de plusvalía, atentando contra el tiempo de descanso que requiere
el trabajador. Se pretende rebajar la jubilación patronal a un fondo global
máximo de 15 salarios básicos. Se busca eliminar la bonificación por desahucio
que actualmente está garantizada en el Código del Trabajo, manifestando que el
monto de indemnización es muy alto. Se abre las puertas para el libre cambio
de ocupación sin consentimiento del trabajador, siempre y cuando no represente
mengua en categoría o remuneración, dando apertura a la polifuncionalidad. Se
señalan siete causas a partir de las cuales el empresario puede despedir al trabajador
unilateralmente. Se permite la revisibilidad de los contratos colectivos.
Y lo
más grave: se busca prohibir que las huelgas se realicen dentro de las empresas
o fábricas, atentando así contra el principio básico y fundamental de lucha de
la clase obrera. Esta reforma pretende vulnerar los derechos de los
trabajadores conquistados desde hace mucho tiempo. Con la excusa de “dinamizar”
el sector laboral, se pretende súper-explotar a los trabajadores.
Pero el
elemento jurídico no sino sólo un aspecto de toda la arremetida del gobierno
contra los trabajadores. El Estado pretende presentarse como “mediador” de las
relaciones laborales, tratando de ocultar su objetivo que es el de preservar
los negocios de los capitalistas. La criminalización se siente cuando los
trabajadores que no son dóciles y sumisos a la política del gobierno son
despedidos, aislados o se les pone el ojo para que sus contratos no sean
renovados. La corporativización se evidencia a través de la creación de
organizaciones sindicales auspiciadas por el mismo gobierno como la CSE, CNSP,
o la CUTTAE; o mediante el apoyo directo de la CTE, o anteriormente de la UGTE,
CEOSL y CEDOCUT, que llamaban a
respaldar al gobierno actual. Los incrementos salariales son sólo una
carnada que invisibiliza el problema de fondo, pues dichas subidas del salario
no guardan concordancia con el costo de la canasta básica, con el incremento de
las otras mercancías que suben en mayor porcentaje, o con las formas de
súper-explotación que se implementan en las empresas donde ese salario es
ínfimo en relación a la ganancia obtenida por los capitalistas.
Las
burocracias sindicales, disfrazadas de representantes obreras, han colaborado
con el gobierno para la introducción de estas medidas. En varias ocasiones han
guardado un silencio cómplice, para en otros realizar tibias movilizaciones. El
objetivo de sus dirigentes es vivir a costa de los trabajadores y hacer carrera
politiquera de la dirigencia sindical. Las centrales sindicales no son sino
aparatos de los partidos reformistas que engañan a los trabajadores y los
utilizan como mecanismo de presión ante el gobierno de turno, o como masa
inconsciente para las elecciones. El problema no es de personas, de uno u otro
dirigente corrupto, sino que esas organizaciones son simples máquinas de los
politiqueros.
El
Primero de Mayo no puede ser reducido a una fecha más, donde la costumbre
vuelve pasivo al movimiento obrero. El primero de mayo no es una obligación ni
un desfile, es una fecha de lucha y combate. Los trabajadores tenemos tres
tareas fundamentales en estos momentos: una es enfrentar con decisión las
reformas emprendidas por el gobierno, pero no sólo sus medidas sino al gobierno
como tal; dos, desconocer a la burocracia sindical que se hace pasar como
representante de los trabajadores; tres, recuperar la organización de los
trabajadores, reivindicativa y políticamente, revitalizar la educación política
y recuperar la independencia de clase ante el Estado y sus representantes.
El
Movimiento Vientos del Pueblo, La Coordinadora Nacional Por la defensa de la
Vida y la soberanía, La Brigada Obrera Revolucionaria, Voces de Libertad y La Asociación de
Centros Culturales Arte y Libertad, te invitamos a participar en la manifestación que se
realizará el miércoles 1º de Mayo. Nuestro lugar de concentración será en la
Av. 10 de Agosto y Antonio Ante, junto a la parada Alameda del Trole Bus,
sector Consejo Provincial y nos reuniremos desde las 8h00. Te esperamos
¡Levántate contra el patrón,
levántate contra el gobierno, Levántate contra el capital compañero!
¡No a la reforma al Código del
Trabajo!
¡Basta de despidos y
flexibilización laboral!
¡A recuperar la
organización y con ello la lucha!
El Primero de Mayo encierra un profundo significado
para la clase trabajadora. Recuerda la lucha de los mártires de Chicago por
lograr la reducción de la jornada laboral a ocho horas diarias, ello se logró
en medio de la movilización ante el gobierno y los empresarios. Dicho derecho
no fue una dádiva de los capitalistas, sino una conquista alcanzada por la
lucha proletaria. Gobierno y
empresarios arremeten día a día contra los trabajadores con leyes que vulneran
derechos reforzando la estructura de dominación, con la introducción de métodos
para extraer más plusvalía, y con la represión cuando lo ven necesario ya sea
mediante enjuiciamientos u hostigamiento policial.
El gobierno actual se disfraza de revolucionario
para introducir de una manera más solapada precisos ataques contra los sectores
populares: flexibilización laboral y desmantelamiento de la organización en el
sector obrero; apertura a las transnacionales mineras, concentración del agua y
la tierra, y respaldo total a los terratenientes en perjuicio del campesinado
ecuatoriano; mercantilización y elitización de la educación sufrida por los
estudiantes o por los que pretenden serlo; quiebra de los pequeños comerciantes
y productores; persecución a los vendedores informales; etc.
En seis años los trabajadores ecuatorianos han
enfrentado una serie de reformas jurídicas que pretenden coartar derechos fundamentales
que anteriormente estaban garantizados. Los trabajadores del sector público fueron
los primeros en ser atacados con
la promulgación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley Orgánica de
Servidores Públicos, además de los decretos ejecutivos 225 y 813, entre los
principales aspectos podemos señalar: Los derechos de sindicalización, huelga y
contratación colectiva quedan reservados exclusivamente para obreros y
excluye a los servidores públicos. Las personas consideradas como servidores
públicos no tienen la categoría de trabajadores, lo que les ubica dentro del
cumplimiento de un servicio civil que está integrado más al ámbito del derecho
administrativo que del derecho laboral. Se eliminó la representación de los trabajadores
en los directorios de las empresas públicas, ahora sólo los representantes del
gobierno toman todas las decisiones, excluyendo a los trabajadores, y abriendo
el campo para que se puedan introducir medidas tendientes a la privatización
de las empresas públicas o medidas flexibilizadoras en las relaciones
laborales. Se reducen las indemnizaciones por despido. Cerca de 7000 empleados
y funcionarios del sector público salieron con la figura de “renuncia
obligatoria”. Esto marca un precedente nefasto puesto que se puede dar el
despido de cualquier trabajador, en cualquier condición, con dicha figura.
Ahora el gobierno va por
los trabajadores del sector privado con el proyecto de reforma al Código del
Trabajo. El Ministerio de Relaciones Laborales entregó a las centrales
sindicales en el 2010 un documento que plantea ciertas reformas, entre ellas
las que mencionamos a continuación:
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